Migrantes que no pagan pensión

Conoce las historias de Aura y Gabriela, dos mujeres que luchan por justicia para sus hijos, en medio de obstáculos legales y promesas incumplidas.

Los migrantes, aunque se separen de sus esposas en Guatemala, siguen obligados a pasar pensión para ellas y sus hijos menores de edad. Muchos no lo cumplen. Existen maneras para que las madres puedan requerirlo, aunque son largas y costosas.

Doña Aura se enteró de la llegada de su exesposo por sus hijos. Ellos recibieron un mensaje totalmente inesperado: papá estará en Guatemala la próxima semana. Era un padre al que poco recordaban, migró cuando el menor tenía 2 años y el mayor 6. Los primeros años envió la remesa sin falta, pero luego desapareció. “Fue como que se lo hubiera tragado la tierra”, dice Aura. A pesar de los esfuerzos de la familia por encontrarlo no hubo forma. Llamaron a la Embajada de Guatemala en Los Ángeles, a incontables asociaciones de migrantes, a todos los conocidos que tenían en Estados Unidos, pero nadie sabía nada. Llegaron a pensar que estaba muerto, pero la idea se les fue de la cabeza cuando una tía se compadeció y les confesó que él se había casado con una gringa.

Aura sacó adelante sola a los tres hijos. Pasaron más de 20 años hasta ese mensaje confirmando que él visitaría Guatemala. Los hijos se emocionaron por volver a verlo, Aura no. Con astucia desempolvó varias demandas por pensión y hasta una orden de captura que guardaba de años atrás y consiguió que lo arraigaran. Lo detuvieron en el aeropuerto, no podría salir del país si antes no solventaba su situación legal.

Los hijos de Aura se enfurecieron con ella. Él les había prometido llevarlos de forma legal, ahora era ciudadano y eso le permitía reclamarlos. La hija menor era la más molesta, su padre le aseguró que la iba a inscribir en un college. Pero Aura solo quería justicia. Fueron años de intentar que cumpliera con su obligación de pagar la pensión sin éxito.

Como Aura hay cientos de mujeres en Guatemala, esposas de migrantes que esperaban una vida mejor pero solo recibieron el olvido de sus parejas. ¿Qué se puede hacer desde Guatemala para obligarles a cumplir la ley? La respuesta es desalentadora: poco o nada. Brenda Santos, de Cancillería, explica que el Ministerio de Relaciones Exteriores no ofrece ese servicio y aconseja que busquen un bufete jurídico en Guatemala para orientarse. Cancillería brinda servicios legales, pero a los migrantes que están en Estados Unidos.

El abogado Alexander Aizenstatd, tiene licencia para laborar en Guatemala y en Estados Unidos, y explica que el procedimiento para solicitar una pensión alimenticia a un migrante guatemalteco es largo y costoso.

“Es un proceso que se llama cartas rogatorias, tiene que ir a la Corte Suprema y ellos lo mandan a Estados Unidos, ese país nombra un juez para que notifique a la persona. Es un proceso de país a país. Si llega a ganar y él no tiene bienes en Guatemala va a necesitar otras cartas rogatorias para conseguir un juez que le embargue el sueldo. Si la persona tiene bienes en Guatemala, se podrían embargar y subastar”, explica.

El abogado advierte que es un proceso que costará mucho dinero, porque además deben enviarse todos los documentos traducidos y la traducción jurada puede costar unos US$10 por página.

Los abuelos en Guatemala

A menudo los migrantes que dejan de enviar pensión a la esposa sí continúan ayudando económicamente a su familia de origen, le envían dinero a sus padres o hermanos. Fue el caso de Gabriela, madre de una niña de 6 años. Hace más de tres años que el papá de la niña dejó de enviarle dinero. Todo empezó con actitudes sospechosas, como que él le restringiera el horario para llamarlo, le prohibió hablarle después de las cinco de la tarde y nunca en domingo. Hasta que un día ella rompió la regla y lo llamó una noche porque la niña estaba enferma y había tenido que ingresarla al hospital. Quien respondió la videollamada fue una mujer que Gabriela no conocía, inmediatamente colgó.

Al día siguiente su hasta entonces esposo no tuvo más remedio que confesarle la verdad: tenía otra esposa en Estados Unidos. Él trabajaba en una granja y ella era la veterinaria que atendía a los animales. Además, estaba embarazada. Gabriela se enfureció y trató por todos los medios de que ella supiera la verdad, pero él optó por cambiar su número de teléfono y dejar de enviarle dinero.

Gabriela no se quedó conforme. Una tarde decidió ir a casa de los abuelos paternos de su hija para pedirles a ellos que se hicieran cargo de la pensión. Gabriela se amparaba en el artículo 283 del Código Civil: “Están obligados recíprocamente a darse alimentos, los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Cuando el padre, por sus circunstancias personales y pecuniarias, no estuviere en posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos, y la madre tampoco pudiere hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas, por todo el tiempo que dure la imposibilidad del padre de éstos”.

Ilustración creada por IA

Al hacerlo consiguió algo: que el padre por fin se comunicara. Estaba furioso porque ella buscó a su familia, le exigió que no volviera a pedirles nada, pero ella le respondió que dejaría de hacerlo solo sí él cumplía con su obligación. Acordaron que él pagaría el colegio y nada más. El tío paterno de la niña también se acercó y ofreció darle Q500 mensuales, sin embargo, lo hizo solo por tres meses.

“Él paga Q500 mensuales del colegio y piensa que con eso ya es un gran papá”, dice Gabriela. Hace unos meses le pidió hablar con la niña, le dijo que no quiere perder la relación con su primogénita, eso sí, solo cuando él pueda llamar.  Gabriela no tiene su número de contacto y solo recibe las llamadas que él hace desde teléfonos prestados.

Otra alternativa es el embargo de bienes, si el migrante consigue comprar una casa o un terreno en Guatemala, un juez puede pasarlo en favor de los hijos. En el caso de que el migrante tuviera propiedades en Guatemala antes de partir, la esposa puede solicitar un proceso de “muerte presunta”, que significa que si el migrante no se comunica ni se sabe de su paradero por más de tres años, se le da por muerto. Un juez debe solicitar una investigación policial para tratar de localizarlo, se deben publicar anuncios en los medios de comunicación y si después de eso el migrante no aparece, el juez podrá certificar la muerte presunta y darle sus propiedades a la esposa o los hijos mayores de edad.

Las madres en Guatemala tienen pocas opciones para hacer cumplir la ley y que los padres que viven en Estados Unidos les depositen las pensiones alimenticias. Son procesos caros y complicados, pero no imposibles de conseguir.